A fines de octubre, renunciaron Ariel Waissbein y Ezequiel Gutesman, director y subdirector del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), y fue desplazado Ariel Cessario de la coordinación del CERT.ar (el equipo de respuesta ante incidentes informáticos). Estos hechos, además de internas políticas explicadas por el periodista Juan Brodersen en esta nota del viernes 13 de noviembre, evidencian el total alineamiento de la Administración de Javier Milei con las pretensiones de Estados Unidos (EE.UU) sobre la Argentina, cuyo principal objetivo anunciado es desterrar la tecnología china del país.
La gestión saliente impulsaba la implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) en el datacenter de ARSAT (estatal de telecomunicaciones) ubicado en la localidad de Benavidez con servidores propios y herramientas de código abierto, algo que quedó en pausa. Mientras que, a través de la Disposición 7/2026, el nuevo director -Walter Fabián Agüero que asumió luego de que EE.UU. anunciara financiamiento por USD 15 millones para instalar un centro de operaciones de ciberseguridad- estableció requisitos de seguridad que podrían excluir a fabricantes como Huawei y ZTE de futuras compras para redes críticas. A esto se suma, un préstamo previo de USD 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinados a infraestructura digital.
Datos sensibles. La crisis en el CNC y este giro en la infraestructura digital del Estado impactan directamente en la seguridad de los datos médicos, la continuidad operativa y el presupuesto tecnológico del sistema de salud argentino.
Si bien la noticia de estas renuncias y despidos repercute en la seguridad estatal de forma general, sus puntos críticos tienen consecuencias directas para el sector sanitario (hospitales públicos, obras sociales, PAMI y prepagas).
La vulnerabilidad de datos sensibles e historias clínicas es uno de esos puntos. Ya existen antecedentes de los ataques de ransomware en organismos clave como el PAMI (la obra social más grande de la Argentina, con millones de afiliados adultos mayores) y filtraciones masivas en el Registro Nacional de las Personas -RENAPER- (base de datos de identidad que valida la atención médica en todo el territorio).
Otro punto es el retraso en la protección. La renuncia de Waissbein y Gutesman frena la creación del SOC nacional y la contratación de 50 especialistas. Sin este monitoreo centralizado, el Ministerio de Salud y los hospitales nacionales quedan más expuestos a secuestros de datos (que podrían paralizar turnos, cirugías y emisión de recetas electrónicas) y al robo de historias clínicas digitales.
Por otro lado, impacta en el presupuesto. Con un cambio de modelo que ahora estaría volcándose a la nube en dólares en vez de a la infraestructura local con alojamiento de servidores en ARSAT (on-premises en Benavídez), se incrementarán sensiblemente los costos del sistema sanitario. Los grandes volúmenes de información (imágenes diagnósticas, telemedicina, recetas y registros clínicos) que deben resguardarse y procesarse, presionará los presupuestos ya ajustados de los ministerios de salud provinciales y nacionales.
Conectividad y gobernanza. La disputa geopolítica entre China y Estados Unidos tiene en esta noticia un nuevo capítulo en donde Huawei posee el papel protagónico. La Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) desplegada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (y continuada su puesta en servicio en distintas localidades y su actualización por las administraciones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández) es una vía de comunicación de más de 36.000 km de fibra óptica que con su “iluminación” a través de equipos activos conecta a miles de centros de atención primaria (CAPS), hospitales rurales y nodos de salud en todo el país.
Una parte importante de la REFEFO fue activada con equipamiento Huawei y ZTE y un recambio tecnológico -que es a lo que apunta el Gobierno de Milei con las restricciones a las compras de tecnología china en redes críticas- podría generar demoras en la ampliación o mantenimiento de la conectividad de hospitales del interior. También se incrementarían los costos de esa transición ya que reemplazar la infraestructura instalada exige inversiones millonarias y tiempos que afectarían la estabilidad de los sistemas de telesalud y de gestión hospitalaria interconectada.
Además, el plan original del SOC buscaba una coordinación interinstitucional, integrando el monitoreo de sectores de infraestructura crítica (como agua y electricidad) junto con organismos estatales. En salud, los hospitales dependen tanto de la red eléctrica y de agua como de las telecomunicaciones; la falta de una estrategia unificada de ciberdefensa deja a los centros asistenciales sin protocolos claros de respuesta rápida ante un ataque coordinado.
