Baja de programas, pauperización de las y los trabajadores, merma en la inversión, pero sobre todas las cosas, un servicio de salud deficiente; son algunas de las consecuencias del proceso de un nuevo ajuste presupuestario que atraviesa el sistema sanitario argentino, anunciado en $ 63.000 millones y que se suma a otros ya ejecutados y la baja recaudatoria del sector, afectado por la merma en la actividad económica, la caída de la empleabilidad formal y el pluriempleo informal, las diversas prestadoras, obras sociales y hospitales se plantean el desafío de la sostenibilidad del sistema en general.
En este contexto, el camino hacia la transformación digital de la salud que se había intensificado por necesidad durante la pandemia y que había logrado una concientización de las ventajas que la integración y estandarización de los sistemas tecnológicos (software, hardware, conectividad) genera en los prestadores de servicios de salud y en los pacientes, también se ve amenazado. Y preocupa especialmente en temas de soberanía de los datos clínicos por la declarada preferencia de la actual Administración Nacional a dejar en manos extrajeras recursos estratégicos. Algo especialmente grave en un momento histórico de desarrollo y uso de Inteligencia Artificial que puede generar daños irreversibles a la humanidad, los cuales ya fueron alertados por el papa León XIV en su primera encíclica Magnifica Humanitas cuando advirtió que “La inteligencia artificial no es neutral”, y pidió que sea “desarmada de las lógicas de dominio, exclusión y vigilancia”.
El desfinanciamiento anunciado tiene múltiples implicancias: Impacta en “la gente de a pie” -cuya calidad de vida y de salubridad se ven afectados-, pero también en la imposibilidad de que las instituciones públicas y privadas den continuidad a los proyectos y las iniciativas ya iniciadas para innovar o mejorar en su calidad prestacional. De fondo surte algo mucho más profundo, que recuerda el penar de René Favaloro: Una estocada a un sistema que tuvo a la solidaridad y a la contención social como su eje rector (ver recuadro al pie de esta nota “Qué 20 años no es nada…”).
Duros, los datos. El recorte presupuestario anunciado por el gobierno nacional para todas las áreas de la Administración Pública Nacional (APN) (Ver Boletín Oficial y sus anexos, aqui), golpea de lleno a la financiación de tratamientos esenciales, como los oncológicos, el banco de drogas de alto precio, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) , el Instituto Malbrán, programas de VIH, tuberculosis y el cierre de planes como Remediar. La noticia impacta, pero no sorprende. Tampoco su enfoque prioritario.
La ejecución presupuestaria de mayo registró una caída del 31% en el gasto total, en comparación con 2023, mientras que la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, tuvo un incremento real del 34% y los Servicios de la Deuda Pública concentran el 12% del gasto total ejecutado, que reflejan el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto.
Este resumen y foto del cuadro de situación fue publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que desglosa, a su vez, cuáles fueron los recortes sufrió Salud, Ciencia y Tecnología y el sistema de seguridad social. Estima también, por ejemplo, que en salud, la merma fue del 64% para la Superintendencia de Servicios de Salud, de entre el 33% al 50% para hospitales nacionales; y de hasta un 100% para programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades. En el caso del INCUCAI, esta desfinanciación osciló el 85%.
En materia de ciencia y la tecnología, por caso, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación tuvo una caída del 85% y el CONICET, del 32%, por citar algunos; mientras que en Seguridad Social y Desarrollo Social, la ANSES cayó un 7% y muchos programas de apoyo social a las infancias, la economía popular o la protección social en general, perdieron su capacidad entre el 99% y el 100%.
La apuesta económica apunta a reprimarizar la economía y esos logros los exhibe el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE, aqui), donde sectores como la minería, el agro, la ganadería y la pesca lideran los índices de expansión, y otros como la industria manufacturera, el comercio y la construcción encabezan los de retracción. La paradoja radica en que, estos últimos, son los que más mano de obra generan y ya cuentan más de 40.000 puestos de trabajo formales y asalariados destruidos, con la provincia de Buenos Aires como la más afectada. Desde noviembre de 2023, en todo el país hay 24.437 empresas menos, según los datos del Instituto Argentina Grande; y el índice de informalidad laboral alcanza al 43% de la población ocupada.
La coyuntura es alarmante, y eso movilizó al sector de la salud a manifestarse en defensa de un sistema público que pende un hilo y, con ello, las perspectivas de la soberanía sanitaria local. El caso del Hospital de Pediatría J P Garrahan es sólo la muestra más elocuente de la calidad y la capacidad lograda.
La innovación en crisis. Un responsable de sistemas de un hospital público que prefirió hablar “en off the record”, aseguró a este medio que “salvo el caso del Garrahan, que recibió algo de fondos por la condena social que tuvo su desfinanciamiento, todos los hospitales públicos de la Nación no cuentan la partida 4, que es de Bienes de Capital y es en la que entran los desembolsos en tecnología en todos sus aspectos”.
Otro testimonio recogido por este medio y que aportó mayores datos sobre la realidad del centro pediátrico de alta complejidad, planteó que la partida recibida involucró una mejora salarial para la planta permanente, como consecuencia del costo social que generó la masividad del conflicto; pero que esto no supuso ni mayores ni mejores partidas presupuestarias. Inclusive, advirtió una situación de “acorralamiento” del personal y de “pseudo intervención”, donde los cargos jerárquicos de liderazgo fueron reemplazados y ocupados por personalidades “que introducen cambios que no representan a las mayorías”.
Esta situación, que traducida en números significa contar sólo con el 80% de los costos operativos cubiertos, indica que todas las inversiones que se pueden desarrollar en materia de tecnología y sistemas se ciernan al mantenimiento o al sostenimiento de los servicios críticos, pero tira por tierra todo intento de mejora e innovación. Inclusive, aunque el hospital nunca logró tener un área de Innovación y Desarrollo (I+D), sí se recuerdan épocas en que había recursos abocados a esa tarea, algo que hoy resulta impensado.
“Con frecuencia se presenta la innovación tecnológica como una cuestión exclusivamente vinculada a la incorporación de nuevas herramientas o plataformas. Sin embargo, no existe innovación sostenible sin capacidades institucionales y financiamiento que la respalde. La salud digital requiere inversión en infraestructura, conectividad, centros de datos, interoperabilidad, formación de recursos humanos, investigación aplicada y desarrollo tecnológico”, explicó Santiago Pesci director Provincial de Estadísticas y Salud Digital del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y subrayó que, “cuando al ajuste en salud se suma una reducción cercana al 50% de la inversión nacional en ciencia y tecnología, se debilitan las condiciones estructurales necesarias para generar innovación propia y sostener procesos de transformación” (ver nota aparte “La resiliencia bonaerense”).
En la opinión de Ricardo Simes, presidente del Hospital Sirio Libanés y de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), “lo bueno de las nuevas tecnologías como las de inteligencia artificial o de historia clínica digital, es que no tienen altos costos, como sí pueden ser los de ciertos equipamientos médicos. Por eso, tenemos muy desarrollado todo lo que es la parte digital y hasta estamos utilizando IA para la atención de turnos o de consultas”, expresó y se refirió a su chatbot Layla, que permite la gestión de turnos automatizada desde la página del hospital con el que se reemplazó al call center y a sus ocho operadores.
El eterno retorno del PMO. Para Simes, la complicación del sector es sistémica gira en torno a los costos que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue sumando a lo largo de los años. “El problema de financiación de la salud no pasa por si ha habido, digamos, pérdida de empleo; tiene otras causas estructurales totalmente distintas”, dijo, admitió que no hubo mermas de pacientes ni de obras sociales, ni de prepagas por razones económicas y señaló, por ejemplo, que “los aranceles que cobran los prestadores no siguen los incrementos inflacionarios. Estamos muy, muy atrasados en relación a la inflación y no nos podemos recuperar”, aseguró.
Según Simes, “los financiadores no nos pueden trasladar el aumento de los costos producidos por la inflación; es una cadena. A los financiadores, obras sociales y prepagas, la ley y la jurisprudencia los ha llevado durante años a tener que atender a un montón de situaciones económicas que no tienen absolutamente nada que ver con la salud”, puntualizó Simes y en este sentido señaló “servicios como los de geriátricos, prestaciones de discapacidad o los transportes para las personas puedan hacerse tratamientos”.
“El problema es que la medicina prepaga no está hecha para eso, está para atender la contingencia de salud. En todo caso, la necesidad de un geriátrico corresponde a la seguridad social, pero se la cargan a las empresas de salud a través de la vía legislativa o judicial. Son obligaciones que nada tienen que ver con la prestación de salud y que el financiador tuvo que pagar. Algo que achica la torta”.
La coyuntura, sin embargo, no les es ajena y el presidente del Sirio Libanés ejemplificó: “En el caso del PAMI, por ejemplo, hay un retraso en la composición de la tarifa que le pagan al prestador, del 77%. Es una barbaridad. Y eso se arrastra desde hace siete años: quiere decir que, si en el 2000 nos pagaban 100 pesos, hoy nos paga 33 pesos. En esos 77 pesos de menos que está pagando PAMI -a valores constantes- es el valor de la carga social, por ejemplo, y que nosotros tenemos que pagar a nuestros empleados que están en relación de dependencia”.
Propuestas. En ese sentido y para corregir esa ecuación, ACAMI promueve un proyecto de ley que permita diferenciar la carga social del valor de la prestación. La propuesta es que “PAMI aumente un 43% lo que les paga a los prestadores, pero que no les dé la plata: que en la factura figure como un ítem aparte y que ese 43% se lo remita directamente a la agencia fiscal ARCA, para cancelar las cargas sociales de los empleados”, explicó Simes.
En un artículo publicado por Fernando Coppolillo, gerente de Internaciones Grupo Osde, el especialista explicó que “durante años, la relación entre financiadores y prestadores estuvo organizada alrededor de una discusión recurrente: los precios”; con cada parte “defendiendo legítimamente sus intereses en una mesa donde lo que uno ganaba era exactamente lo que el otro perdía, y así en un círculo continuo”.
Pero mientras tanto -continuó- “el sistema sigue cambiando: asoman cambios regulatorios y macroeconómicos; los pacientes se vuelven más exigentes y la tecnología, más compleja y costosa; los recursos más escasos y los costos más difíciles de administrar”. Frente a este panorama Coppolillo planteó la pregunta ¿es posible construir una relación diferente? Él sostiene que sí y lo es a través de un un cambio sencillo en la forma en que se miran los actores de este escenario.
Para el ejecutivo de Osde, “cuando la conversación gira alrededor del precio, la energía se concentra en repartir recursos, mientras que cuando gira alrededor del valor, la energía se concentra en crearlo”. En este sentido aseguró que “en un sistema invadido por múltiples ineficiencias, convertir el gasto médico en valor se transforma en un desafío que nos une”.
Claro que este cambio de mirada sobre el otro y este modelo de co-construcción de valor que plantea Coppolillo, “requiere de confianza, de transparencia (indicadores), de congruencia y conversaciones honestas”, también “empatía (esa palabra tan trillada y tan poco empleada); y comprender las restricciones que enfrenta el otro, y de esta manera la confianza crece y se alimenta de pequeñas acciones repetidas en el tiempo”, afirmó.
¿Y la soberanía? La soberanía en salud y digital están en el centro del debate de fondo. Si un Estado es incapaz de diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de su población, entonces no es soberano, porque depende que actores externos o dinámicas de mercado posibiliten el acceso a las prestaciones, a los medicamentos, a los insumos y a la mismísima atención médica.
El desfinanciamiento de la industria nacional y de sus laboratorios públicos, la autonomía en I+D, la formación de profesionales con posibilidades de desarrollar carrera y la integración de un sistema que asegure equidad, acceso universal, asequibilidad y prevención son pilares al momento de pensar la salud como derecho humano elemental, pero también de la soberanía nacional.
De la mano, el desarrollo de una soberanía digital y tecnológica que permita potenciar los cambios y garantizar que los desarrollos estén acordes con las necesidades y la visión de un país, algo que generalmente no está en las urgencias u objetivos de mercado de las corporaciones, en muchos casos internacionales.
El enorme desarrollo que se viene realizando en materia de IA, por caso, ofrece uno de los ejemplos más claros de cómo un país puede posicionarse como un mero consumidor de novedades o como un actor estratégico en esa cadena de valor. Sin dudas, si opta por posicionarse en ese camino, también cuenta con dos posibilidades: beneficiar a las mayorías y robustecer estrategias de largo plazo, de la mano de una sólida agenda digital; o no.