Con Javier Milei a la cabeza y el DNU 70/2023 como ariete de la desregulación, el sistema de salud en la Argentina atraviesa una de las reformas regresivas más profundas de las últimas décadas. En el centro de la escena se encuentra la discusión sobre el Programa Médico Obligatorio (PMO), la canasta básica de prestaciones que, por ley, las empresas de medicina prepaga y las obras sociales deben garantizar a todos sus afiliados.
Mientras los sectores empresariales argumentan que el PMO actual es “infinito” e inaplicable para la realidad económica del país, un análisis detallado de la coyuntura —respaldado por datos e informes técnicos— sostiene una hipótesis diferente: La eliminación o el vaciamiento del PMO no resuelve los problemas estructurales del sistema y responde, principalmente, a una histórica presión del sector privado para reducir las exigencias regulatorias del Estado, trasladando el riesgo financiero directamente al bolsillo de los usuarios.
Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG)
Si la premisa es falsa… La premisa de que recortar el PMO aliviará la crisis sanitaria parte de un diagnóstico incompleto. Quienes defienden la flexibilización afirman que la judicialización de la salud (los amparos para cubrir tratamientos de altísimo costo) y la inflación médica tienen al sector privado al borde de la quiebra.
Sin embargo, el núcleo del problema no es la existencia de un piso de derechos, sino la falta de financiamiento genuino, la fragmentación del sistema y la ausencia de una agencia estatal regulatoria eficaz que evalúe qué tecnologías médicas incorporar con base en la evidencia y no en la presión del mercado.
Esto no significa que el contenido del PMO no deba ser revisado y actualizado. Por el contrario, un sistema de salud sostenible necesita definir qué prestaciones y tecnologías incorpora, con qué evidencia y bajo qué criterios. Pero esa decisión no puede quedar librada a la capacidad de pago de los usuarios ni exclusivamente a los intereses económicos de los financiadores. Requiere una autoridad pública con capacidad técnica y regulatoria que evalúe efectividad clínica, seguridad, impacto presupuestario y equidad, preservando el carácter solidario del sistema.
En la edición 2024 de Adecra+Cedim, el secretario General de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), Héctor Daer, señaló “la brecha del financiamiento no se va a cubrir si decimos que no hay plata sino debatiendo cómo resolverlo” (ver nota de Salud en Línea aquí).
El ministro de Salud Mario Lugones, por su parte, ha sostenido una posición favorable al retiro del Estado de estos temas, en una falsa desregulación que, en realidad, regula a favor de unos y en contra de otros. Así lo sugirió tempranamente en ocasión del primer encuentro de HIMSS en Argentina realizado en mayo de 2025 donde el funcionario instó a los presentes que le pidieran que el Estado se corriera para desarrollar el sector privado, y se comprometió a “devolver” a las provincias y las jurisdicciones la administración de la salud (Aunque sin los fondos necesarios para hacerlo, en un contexto de retracción de las transferencias nacionales a las provincias y de una política de ajuste orientada al equilibrio fiscal).
Los argumentos… Desde la perspectiva de las cámaras de medicina prepaga y ciertos analistas de corte neoliberal, el cambio regulatorio es visto como una transformación necesaria para “sincerar” el mercado de la cobertura privada en la Argentina. Sus argumentos principales van desde la “inviabilidad económica” -afirman que los recursos disponibles (las cuotas de los afiliados) no alcanzan para cubrir un PMO que se expande constantemente por leyes específicas aprobadas en el Congreso-, hasta el reclamo por planes modulares -buscan la libertad de comercializar planes parciales (por ejemplo, solo cartilla de consultas básicas, excluyendo alta complejidad o internación) para bajar los precios de las cuotas de entrada y captar más clientes en un contexto de caída del poder adquisitivo.
Otros, en cambio, sostienen que la restricción o eliminación del PMO no es más que un “desmantelamiento de derechos y una transferencia de costos”. Y advierten sobre las graves consecuencias de este enfoque.
Sus ejes de análisis demuestran que:
- Transferencia de riesgo al usuario: Al reducirse el PMO, el paciente pierde la garantía de cobertura ante imprevistos graves (como un tratamiento oncológico o una cirugía compleja), teniendo que afrontar co-seguros o pagos de su bolsillo.
- Saturación del sector público: Aquellos usuarios del sector privado o de obras sociales que ya no encuentren cobertura en sus planes desregulados terminarán volcándose a los hospitales públicos para recibir tratamientos de alta complejidad, colapsando un sistema estatal ya exigido.
- El peligro en la cadena de medicamentos: Modificaciones paralelas, como la desregulación en la prescripción y dispensa de fármacos analizada por centros como Soberanía Sanitaria, debilitan el rol del profesional de la salud y alteran los mecanismos de control de calidad y precios favoreciendo una mayor concentración en las grandes cadenas comerciales.
Y no hace falta recurrir a escenarios hipotéticos para advertir que estos efectos ya se observan a partir de las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional
La libertad destrucción avanza…Desde noviembre de 2023, las principales obras sociales registraron caídas brutales de los beneficiarios a causa de las las fuertes bajas de empleados en relación de dependencia.
Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023.
Hasta abril de este año, la construcción perdió 13,8% de empleados (-60.646 puestos), comercio un 0,8% (-9.413 puestos), el sector petrolero, 8,8% (-8.282 empleos), estatales, 2,1% (-73.052). OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, fue la única que incrementó su cantidad de afiliados un 154% durante el mismo período, en el que la cantidad de inscriptos creció un 7,4%. Sin embargo, los aportes a la obra social de un trabajador en relación de dependencia suelen ser mayores que los de un monotributista, empeorando la situación del sector.
Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG)
Desde 2023, datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, basados en los registros mensuales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), muestran que se perdieron más de 235.000 empleos privados registrados, además de otros 73.000 públicos. La pérdida del empleo registrado impacta no solo en el trabajador y su cobertura de salud, sino también en la de su grupo familiar
Además, con una regulación a favor de las prepagas -mal llamada “desregulación”-, las cuotas aumentaron 460%, frente a una inflación acumulada del 320% en el mismo período. En el mismo período se observa también una reducción estimada en más de 1,2 millones de personas con algún tipo de cobertura privada.
Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG)
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, en el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban con prepaga, obra social ni mutual. Para el primer trimestre de 2026, ese número había alcanzado a 10.674.416 personas. Es decir, 1.246.285 más sin cobertura privada, lo que elevó la proporción sobre el total de la población del 32% al 35,6%.
Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG)
Era obvio, pero la libertad… Desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023 hasta principios de 2026, más de 2,2 millones de personas perdieron su cobertura médica privada o de obra social, volcándose de forma exclusiva al sistema público de salud, el cual muestra signos de saturación y colapsó debido al congelamiento presupuestario, la eliminación de programas federales y el masivo traspaso de pacientes que vienen desde el sector privado.
Como si el manual nunca pasara de moda, los gobiernos neoliberales desfinancian lo público hasta que lo arruinan y buscan convencer a la sociedad cree que es mejor privatizarlo, siempre con la ayuda de los operadores mediáticos de turno.
Hoy hay colapso operativo en municipios y guardias que tratan de hacerse cargo de lo que le corresponde a Nación. Además, algunas provincias buscan palear la brutalidad que supone la interrupción y desmantelamiento de programas federales como el Programa Remediar, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que provocó que miles de pacientes con cáncer dejaran de recibir drogas de alto costo y murieran, o el ajuste en el programa de vacunas con médicos y gobiernos provinciales denunciando fuertes demoras en el envío de dosis del calendario obligatorio, al tiempo que resurgían enfermedades medievales.
A modo de conclusión…Al desmantelar el PMO, no se elimina la enfermedad ni la necesidad del tratamiento; simplemente se cambia quién lo paga. La eliminación de estas exigencias permite a las prepagas ofrecer “planes a la carta” o modulares. Esto transforma el derecho a la salud en un contrato de seguro comercial tradicional: quien tiene más dinero accede a coberturas complejas, y quien no, queda desprotegido.
El sector de la salud argentino no atraviesa una reforma sanitaria; sino una reforma de mercado. La eliminación del PMO no resuelve las ineficiencias del sistema, no mejora la calidad de la atención ni baja los costos reales del sistema de salud. Al contrario, segmenta a la población entre quienes pueden pagar una salud de calidad y quienes quedan excluidos, demostrando que la búsqueda de la falsa desregulación total responde más a una necesidad de alivio financiero para las corporaciones médicas que a una estrategia genuina para mejorar la salud de los argentinos.